Los jóvenes de 15 a 29 años participaron en la elección de la delegación regional que los representará en el Encuentro Nacional de Juventudes 2025.
En Áncash viven 294,416 jóvenes, siendo 149,7128 (varones) y 144,698 (mujeres), cifra que constituye el 25% de la población total.
Con la asistencia de jóvenes apasionados y comprometidos con el cambio social, este 4 y 5 de setiembre se realizó el Encuentro Regional de Juventudes 2025 en el departamento de Áncash, con el propósito de promover la participación inclusiva y efectiva de la población joven a través de la construcción de propuestas, el fortalecimiento de capacidades y el fomento de la representación juvenil a nivel regional.
Los jóvenes participantes compartieron sus experiencias, conocimientos y habilidades, y de trabajar juntos para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan sus comunidades, además desarrollaron el proceso de elección de delegadas y delegados regionales que participarán en representación de sus regiones en el Encuentro Nacional de Juventudes 2025 que se realizará en Lima a fin de año.
La actividad se desarrolló en la Municipalidad Provincial de Casma, donde jóvenes de 15 y 29 años fueron la voz de su región con propuestas y soluciones que impulsan. En talleres y debates sobre temas como, educación, empleo, salud y el medio ambiente, presentaron sus proyectos y propuestas para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. El encuentro, contó con la presencia de la secretaria nacional de la Juventud (e) Pamela García Ríos, y el alcalde de la provincia de Casma, Julio César Meléndez Lázaro.
Asimismo, asistieron jóvenes organizados e independientes, miembros de los Consejos Regionales de la Juventud, Consejos de Participación de la Juventud, en situación de vulnerabilidad (afroperuanos, personas con discapacidad, adolescentes, de la comunidad LGTBIQ+, pueblos indígenas y migrantes), miembros de partidos políticos y jóvenes que realizan servicio militar.
Esta actividad se enmarca en el ´Pacto por la Educación´ del Minedu que expresa el compromiso colectivo entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad educativa, por construir un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que responda a los desafíos del presente y del futuro; y permita brindar un mejor servicio educativo, más seguro y preparado.
