El Informe Nacional de Juventudes 2020 es un documento académico que aporta a la construcción de conocimiento sobre el presente y futuro de la juventud peruana. Por ello, sistematiza y presenta indicadores, ideas y reflexiones sobre la situación de las juventudes en cada una de las seis dimensiones de bienestar contempladas en la Política Nacional de la Juventud: trabajo, educación, salud, criminalidad, discriminación y participación ciudadana.
Estos hallazgos brindan una aproximación a las brechas, problemas y necesidades que afrontaron las y los jóvenes para el ejercicio de sus derechos durante el primer año de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta población comprende a más de 7,8 millones de personas, entre 15 y 29 años, y representa a un cuarto del total de la población en el país y un tercio de la población en edad de trabajar.
El documento advierte sobre los impactos de la pandemia en los indicadores de desarrollo de las juventudes y reafirma la necesidad de situar a la población joven en el centro de la agenda pública y la reactivación económica. Fue presentado y discutido en el Foro Virtual «Juventudes y adolescencias en pandemia: revertir los efectos adversos e invertir para el desarrollo”, co-organizado por la SENAJU y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los días 28 y 29 de octubre.
Principales hallazgos:
Este capítulo describe la situación educativa de las juventudes desde los indicadores de asistencia y deserción en educación secundaria y superior, tasa de transición hacia la educación superior, calidad de la educación universitaria, y experiencias y medios de acceso a educación remota.
La transición de estudiantes que culminaron quinto de secundaria y accedían a educación superior se redujo en más de 15 puntos porcentuales, reduciéndose de 36,6% en el 2019 a 20,8% en el 2020. Asimismo, la tasa neta de asistencia a la educación superior en jóvenes, de 17 a 21 años, se redujo en 25%, llegando a 51,1%.
La tasa de deserción acumulada en educación superior alcanzó récords históricos en el 2020, llegando a 55,6 % en educación no universitaria -16 puntos porcentuales más que en 2019- con mayor afectación en hombres, y 31% en educación no universitaria -12 puntos porcentuales más que en 2019- con mayor impacto en mujeres.
Este capítulo describe la situación de las juventudes con referencia a indicadores sobre Población Económicamente Activa (PEA), desempleo, empleo de calidad, trabajo a distancia, nivel de ingresos y la situación de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.
El indicador de desempleo juvenil aumentó 5 puntos porcentuales, llegando a 13,1%, mientras que la tasa de desempleo nacional subió poco más de 2%. Los más afectados fueron jóvenes de zonas urbanas donde el desempleo llegó al 16,6%. Asimismo, más del 50 % de jóvenes, entre 20 y 24 años, y más del 40 % de jóvenes, entre 25 y 29 años, obtuvieron ingresos mensuales promedio inferiores a una remuneración mínima vital.
La tasa de empleo informal llegó al 81,4% en la población joven, 3% más que en el 2019 y 6 puntos por encima de la tasa de informalidad a nivel nacional (75,3%). Incluso en jóvenes con educación superior las tasas de informalidad superan el 60%. Lamentablemente un título superior no garantiza empleo formal.
La población joven que no se encontraba ni estudiando ni trabajando pasó de 16,8% en el 2019 a 25,1% en el 2020, más de 8 puntos porcentuales. Este grupo creció en 18% en entornos urbanos y solo 4% en entornos rurales; llegando a 31,6 % y 18,5 % respectivamente. Asimismo, casi un tercio de las mujeres jóvenes se encontró en esta situación durante el 2020.
Este capítulo presenta información sobre acceso al seguro de salud, reporte de enfermedades o malestares crónicos, reportes sobre problemas de salud mental, situación de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, salud materna y embarazo adolescente y en mujeres jóvenes.
El 33,9% de jóvenes reportaron tener problemas asociados a su salud mental, 10 puntos porcentuales más que en 2019; mientras que solo el 5,9% recibieron algún tipo de tratamiento. Durante ese periodo, las mujeres jóvenes de todos los grupos de edades redujeron el uso de anticonceptivos y aumentó el desconocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual en mujeres de 15 a 24 años.
El registro de muerte materna (439) se incrementó en casi 31,6 % en comparación con el año anterior (302). Se registraron 210 muertes maternas entre mujeres jóvenes en 2020, lo que representa el 47,8 % del total de casos ese año, 56 puntos porcentuales más que en 2019.
Este capítulo presenta información sobre jóvenes víctimas de hechos delictivos, percepción de inseguridad, muertes violentas asociadas a hechos delictivos, jóvenes víctimas de trata, jóvenes en privación de libertad, y estrategias de prevención del delito.
En 2020, el 30 % de jóvenes señalaron sentirse inseguros al caminar de noche en su barrio, menos de 25 puntos porcentuales respecto del año anterior; asimismo, alrededor del 83 % de jóvenes sintieron que es probable que sean víctimas de algún delito en los siguientes 12 meses, solo tres puntos porcentuales menos respecto al 2019.
El Sistema Informático de Denuncias Policiales registró 413 denuncias por trata de personas en 2020. De éstas, el 36,6 % tiene como víctimas reportadas a personas entre 12 y 17 años y el 46 % tiene como víctimas reportadas a jóvenes, entre 18 y 29 años. En más del 85 % de los casos las víctimas fueron mujeres.
El capítulo presenta indicadores para aproximarse a las vulnerabilidades de jóvenes indígenas, afroperuanos, LGTBI o con discapacidad; incluye además una sección sobre violencia contra las mujeres jóvenes.
Se destaca que el 93,7% de denuncias de víctimas de violencia reportadas son mujeres. Las principales víctimas son adolescentes (51,1 %) y adultas jóvenes (25,6 %). La Línea 100, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llegó al 93 % de consultas realizadas por jóvenes, el doble respecto al 2019.
En referencia a las juventudes con discapacidades, los datos indican que se trató de la población más vulnerable en 2020; donde su índice de desempleo llegó al 21,8 %, 10 puntos porcentuales más respecto al 2019; y su ingreso mensual promedio fue de 763,47 soles, 300 soles menos que el promedio de jóvenes.
Así también, durante el primer año de pandemia, disminuyeron varios indicadores de bienestar de las juventudes afroperuanas, LGTBI e indígenas, y otros persistieron. Las juventudes LGBTI registraron menor nivel de culminación de estudios superiores (universitarios y no universitarios) (37,3 %) respecto del promedio nacional (531%). El ingreso mensual promedio de una persona joven afroperuana fue de 884,44 soles, 187 soles menos que el promedio de la juventud peruana. El acceso a educación superior universitaria de la población joven indígena fue de 11,2 %, 11 puntos porcentuales menos que el promedio nacional.
La información presentada corresponde al nivel de participación juvenil en organizaciones y asociaciones, valores ciudadanos, preocupaciones políticas, acciones colectivas para paliar los efectos de la pandemia, voluntariado, participación electoral y movilizaciones sociales; incluye también un análisis descriptivo de las organizaciones juveniles inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles que administra la SENAJU.
La información disponible sugiere un declive sostenido del involucramiento de jóvenes en alguna organización y/o asociación: solo el 2,7% de jóvenes mayores de 18 años que encabezan un hogar o son cónyuges de la cabeza de hogar señalaron pertenecer a algún colectivo o asociación. En el año 2016, esta cifra fue de 9,1 %.
Un sondeo virtual aplicado por SENAJU en marzo del 2021, a 122 representantes de organizaciones juveniles, mostró que el 76,3 % de organizaciones perciben que la pandemia generó un impacto perjudicial muy alto, alto o moderado en sus actividades. Las principales limitaciones identificadas fueron problemas de conexión a internet, la salud mental de los integrantes, la adaptación a la virtualidad, las pocas oportunidades para conseguir recursos y la reducción de apoyo por parte de instituciones.
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1«Los datos para población LGBTI han sido extraídos de la base de datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), mientras que los datos para el resto de población vulnerables han sido extraídos de la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENARES). Esto es así porque ENAPRES es la única encuesta que cuenta con información sobre orientación sexual e identidad de género.»
