¿POR QUÉ ES NECESARIA?

Según el INEI, hasta el año 2045 habrá más peruanos produciendo en la economía que personas adultas mayores que ya no trabajan (+65 años) o niños y adolescentes (0-15 años). A este fenómeno se le llama bono demográfico y es una ventaja diferencial que tiene el Perú sobre otros países. Está comprobado que la inversión en las juventudes deriva en mayor productividad, mejores ingresos y mejores indicadores de desarrollo humano para el país.

Se denomina relación de dependencia a aquella que existe entre la proporción de personas en edades productivas respecto de la proporción de personas en edades potencialmente inactivas. Cuando las primeras (productivas) crecen en comparación con las segundas (inactivas), la relación de dependencia baja, y aumentan las posibilidades de ahorro e inversión, generándose una situación favorable para el desarrollo de los países, el crecimiento económico y el aumento del bienestar.

Las últimas estimaciones calculan el inicio del bono demográfico peruano en el año 2005, con una duración de 40 años hasta el año 2045, lo cual brinda al país al menos 24 años más para potenciar su desarrollo y prepararse para un escenario de envejecimiento poblacional.

El bono demográfico por sí solo no generará desarrollo sostenible si los países no adoptan medidas oportunas y efectivas para aprovecharlo, y así contar con los recursos capaces de sostener a una numerosa población adulta mayor en un futuro. Ante ese escenario, es prioritario realizar una considerable inversión en capital humano, especialmente en jóvenes.

Para lograrlo, el Perú debe avanzar –de manera simultánea– en múltiples ámbitos de políticas públicas dirigidas a las juventudes: educación, salud, trabajo productivo y bien remunerado, reducción de la discriminación y la violencia, protección social, participación, entre otros.

En el año 2002, en reconocimiento a los jóvenes y su lucha por la recuperación de la democracia, el Congreso aprobó la creación de la Comisión Nacional de la Juventud (CNJ) organismo autónomo adscrito a la PCM con rango ministerial, abocado a proponer y supervisar políticas públicas para las juventudes (Ley Nº 27802). Sin embargo, en el 2007, el gobierno de turno dispuso que la CNJ fuese absorbida al interior del Ministerio de Educación, eliminando su autonomía, y perspectiva multisectorial. Esta decisión se ejecutó mediante un Decreto Supremo (D.S. Nº 010-2007-ED) que ha sido cuestionado repetidamente, dado que con una norma de menor rango modificó y –en la práctica– desapareció un organismo público autónomo que fue creado por una norma superior, como lo es una Ley del Congreso.

Desde entonces, la denominada Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), ubicada como un órgano al interior del Minedu, fue perdiendo de forma paulatina su relevancia, capacidad de planificación y de elaboración de propuestas, así como su jerarquía, cantidad de personal y recursos.

Este Gobierno de Transición y Emergencia, consciente del papel fundamental que los jóvenes volvieron a ejercer en defensa de la democracia, analizó la situación de la actual SENAJU y fruto de ello, decidió impulsar su reforma institucional a inicios de este año.

En el Perú, las personas entre 15 y 29 años sufren múltiples privaciones y desventajas que limitan sus oportunidades y atentan contra su bienestar. Estas privaciones abarcan diversas dimensiones: economía, trabajo, educación, salud, violencia, discriminación, participación ciudadana, entre otras. Sin embargo, una gran parte de la ciudadanía no percibe que el Estado esté enfrentando estos problemas. Según un estudio de CPI, realizado este año por encargo de la SENAJU, el 49% de peruanos consideran que el desempeño del Estado en materia de juventud es desfavorable o muy desfavorable. Solo el 4% considera que su trabajo es muy favorable y el 20% no tiene opinión al respecto.

En este contexto, resulta manifiesta la distancia que existe en la relación entre las juventudes y el Estado. Situación que últimamente se vio reflejada en las movilizaciones producidas en noviembre del año pasado, protagonizadas mayoritariamente por jóvenes.

A continuación, algunos datos recientes que resaltan dichas desventajas:

1. Situación de las juventudes en el Perú (2019) antes de la pandemia:

Pobreza y empleo

• El 18.7% de jóvenes están en situación de pobreza (pobre y pobre extremo).
• La tasa de informalidad es 78.7%.
• El ingreso mensual promedio de las y los jóvenes es de S/ 933.5

Educación

• La secundaria es el nivel educativo que, en su mayoría, registran las juventudes como máximo alcanzado: un 37% de jóvenes de 25 a 29 años lo reportan; frente a los 26.3% que alcanzan educación superior.

Salud sexual y reproductiva

• La tercera parte de las personas jóvenes carecen de seguro de salud. De los que sí están afiliados, el 45.2% está afiliado al SIS.
• El 12.6% de jóvenes de 15 a 19 años han estado alguna vez embarazadas. El 31.7% hubiera querido que el embarazo ocurriera después.

Violencia y discriminación

• El 56.1% de mujeres jóvenes han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual alguna vez en su vida.
• El 12.7% de jóvenes se sienten discriminados y/o maltratados.

Brecha en el acceso a Internet

• Los jóvenes de 17 a 24 años que viven en zonas rurales registran el 57.4% de uso de internet, frente a los 90.7% de las zonas urbanas.

2. Impacto COVID-19 en las juventudes

Pobreza y empleo

• La pobreza aumentó en aproximadamente 10 puntos porcentuales en tres grupos de edades:
  -De 22.3% a 34.7% en el grupo de 15-19 años
  -De 16.4% a 27.4% en el grupo de 20-24 años
  -De 16.4% a 26.6% en el grupo de 25-29 años

• La tasa de desempleo en jóvenes aumentó sustancialmente. Mientras que entre 2011 y 2019, pasó de 7,8% a 8.4%, para el 2020 hubo un incremento a 13.1%
• El empleo formal se redujo. En el 2019, el 33% de la PEA joven ocupada entre los 25 a 29 años accedía a un empleo formal; esto se redujo a 29% en el 2020.

Educación

• La cifra de jóvenes (15 a 17 años) que se encontraban solo estudiando disminuyó, pasando de 71% en el tercer trimestre de 2019 a 57.7% en el tercer trimestre del 2020.
• El porcentaje jóvenes que ni estudian ni trabajan aumentó de 16.9% en 2019 a 25.1% en 2020.
• La tasa de interrupción de estudios universitarios aumentó. En el primer semestre de 2020 fue de 18.3%, cinco puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2019; en el segundo semestre de 2020 fue 16.2%, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2019.
• La tasa de abandono anual en educación superior no universitaria aumentó a 14.5%, poco más de cuatro puntos porcentuales respecto del 2019.

Género

• Las mujeres jóvenes son la población que mayores registros de feminicidios ha reportado desde 2017: un total de 295 víctimas.
• En 2020, las denuncias atendidas a través de la Línea 100 fueron más del doble que las atendidas el año anterior. Las denuncias realizadas por jóvenes representó la cuarta parte del total de denuncias.
• El número de denuncias realizadas por jóvenes a través de la Línea 100 aumentó en un 93% entre el 2019 y 2020, pasando de 30 134 a 58 224 denuncias. En ambos años, las mujeres jóvenes representaron más del 75% de denunciantes.